Ministro de Justicia cierra pulpería manejada por presos en Limón | NCR Noticias


Pulpería clandestina en cárcel de Limón generaba ganancias millonarias

En un sorprendente hallazgo, la Policía Penitenciaria descubrió una operación ilegal dentro de la cárcel de Limón: una pulpería clandestina que generaba casi un millón de colones al día. Ante la situación, el Ministerio de Justicia ordenó el cierre inmediato de estos comercios informales que funcionaban al margen de la ley en diversos centros penales del país.


El hallazgo: productos y ganancias en la cárcel

Durante un operativo reciente, las autoridades encontraron una pulpería que comercializaba diversos productos de consumo diario, como pasta de dientes, productos de peinado y hasta repostería. Estos “comisariatos”, administrados por reclusos, operaban de manera no regulada, dejando jugosas ganancias que beneficiaban a unos pocos.

El monto hallado en efectivo, cercano al millón de colones en un solo día, evidencia la magnitud del negocio. Según informes preliminares, este tipo de actividad ha sido una práctica recurrente por años en varias prisiones del país.

H2: Cierre y reacciones ante la medida

El Ministro de Justicia giró la orden de clausurar todas las pulperías ilegales operadas por presos. No obstante, la decisión no estuvo exenta de controversia.

Reacciones judiciales y amenazas

El Juzgado de Ejecución de la Pena de Limón expresó preocupación por la medida, argumentando que podría ser violatoria de los derechos de los reclusos. Según el juzgado, los comisariatos cumplían una función importante para los internos al permitirles adquirir productos que no siempre están disponibles a través de otros medios.

Por otro lado, trascendió que quien denunció la operación ilegal recibió amenazas de muerte, lo que refleja la gravedad de la situación y el control que algunos reclusos tenían sobre estas actividades.

H2: Implicaciones del cierre

Impacto en la población penitenciaria

El cierre de las pulperías podría generar tensiones adicionales dentro de los centros penales, al limitar el acceso de los reclusos a ciertos productos. Sin embargo, el Ministerio de Justicia argumenta que estas actividades deben ser reguladas para garantizar la transparencia y evitar el enriquecimiento ilícito de algunos internos.

Posible recurso legal

Se espera que algún recluso o representante legal interponga un recurso para revertir la decisión. La resolución del caso podría sentar un precedente importante sobre cómo se gestionan estas actividades dentro del sistema penitenciario.


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